Se llevó a cabo la reunión del Consejo Departamental de Discapacidad (CODEDIS) de Suchitepéquez, un espacio de coordinación que reúne a instituciones del Estado, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las acciones en favor de las personas con discapacidad en el departamento.
La reunión fue dirigida por la Licda. María Pérez, delegada departamental del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), contó con la participación de representantes de distintas delegaciones departamentales del Organismo Ejecutivo, municipalidades del departamento y organizaciones que trabajan directamente en la atención y acompañamiento de personas con algún tipo de discapacidad.
Durante la jornada se realizó una consulta departamental, cuyo propósito es recabar información y establecer un diagnóstico específico de Suchitepéquez sobre las principales necesidades, retos y oportunidades en materia de atención, inclusión y garantía de derechos para las personas con discapacidad. Este proceso permitirá orientar acciones y propuestas concretas que respondan a la realidad del departamento.
Asimismo, durante la reunión se llevó a cabo la elección de las personas que integrarán la Junta Directiva del CODEDIS para el nuevo período, quienes acompañarán en esta responsabilidad a la Gobernadora Departamental, Licda. Mariana Enriquez, quien preside este consejo y lidera los esfuerzos de articulación institucional para promover políticas inclusivas.
La CODEDIS (Comisión Departamental de Discapacidad) es una instancia territorial del CONADI que integra a autoridades locales, sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad, con el objetivo de incidir en las políticas públicas y promover acciones que garanticen la inclusión, la participación y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad a nivel departamental.
Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el presidente Bernardo Arévalo, orientadas a fortalecer la institucionalidad del Estado, promover la inclusión social y asegurar que los derechos de todos los guatemaltecos —especialmente de los sectores históricamente vulnerables— sean respetados y atendidos mediante una gestión pública coordinada y cercana a la población.
